[Talk-es] Liberando mapas de las actas públicas

Pablo Cascón Katchadourian pcascon en atc.ugr.es
Mie Oct 15 19:41:30 BST 2008


Ha respondido David Maeztu a la última duda:

"los datos e informaciones de la administración tienen un régimen 
especial tengan o no derechos de propiedad intelectual, y por lo tanto 
habrá que atender a lo que diga esta norma respecto de su uso. Lo cierto 
es que al no tener derechos de propiedad intelectual algunos de los 
datos de la administración (otros sí los tendrán) se facilita el uso.

Pero tanto unos como otros son regulados en su uso por terceros por esta 
ley. " (reutilización de la información del sector público)

Hay que estudiar esto a fondo.

Pablo



Pablo Cascón Katchadourian wrote:
> Hola a todos,
> han respondido un email con la respuesta elaborada de los abogados 
> Javier de la Cueva, David Maeztu y Andy Ramos. Os copio la respuesta. 
> Vienen a decir que depende, pero en concreto un Plan General sí entra 
> dentro de la exclusión del art. 13 y se podría usar porque "suponen la 
> expresión de la voluntad...del municipio". Lo único mosqueante son las 2 
> últimas frases que entiendo significan que aún con todo hay que 
> "pedirlo" en vez de "tomarlo" sin más (escribiré para volver a preguntar) :
>
> -----------------------------------------------------------------------------------------------------
> Hola:
>
> Os remitimos respuesta elaborada sobre los comentarios que hemos tenido 
> Javier, Andy y yo, creemos que os servirá a los efectos de entender 
> mejor el contenido y los supuestos a los que se aplica el artículo 13.
>
> Los tres estamos de acuerdo en lo que a continuación se sigue, esperamos 
> sea de utilidad.
>
> Un saludo.
>
>
> ---“Aplicación del artículo 13 LPI y reutilización de información del 
> sector público por el proyecto “Openstreetmaps”.---
>
> El artículo 13 LPI establece una serie de trabajos, que a pesar de su 
> evidente contenido intelectual, por su propio origen quedan al margen de 
> protección:
>
> “No son objeto de propiedad intelectual las disposiciones legales o 
> reglamentarias y sus correspondientes proyectos, las resoluciones de los 
> órganos jurisdiccionales y los actos, acuerdos, deliberaciones y 
> dictámenes de los organismos públicos, así como las traducciones 
> oficiales de todos los textos anteriores.”
>
> Es importante separar, en función de la clásica división de poderes 
> formulada por los ilustrados, los tres ámbitos del artículo para su 
> análisis.
>
> Por un lado tenemos las “disposiciones legales o reglamentarias y sus 
> correspondientes proyectos” como manifestación del poder legislativo. La 
> LPI se refiere no sólo a las normas que puedan ser elaboradas por el 
> Congreso de los Diputados, sino a todas las disposiciones de carácter 
> normativo de nuestro ordenamiento dictadas por quienes tengan la 
> facultad legalmente atribuida para ello. Así, por ejemplo se deben 
> incluir las leyes elaboradas por los parlamentos autonómicos, las 
> ordenes ministeriales, las normas urbanísticas municipales, etc. Hay que 
> tener en cuenta que estas normas son publicadas en el Boletín Oficial 
> correspondiente, y dado que tienen alcance general son públicamente 
> consultables.
>
> En segundo lugar tendríamos el contenido de “las resoluciones de los 
> órganos jurisdiccionales”, es decir las sentencias y autos dictadas en 
> ejercicio de la potestad jurisdiccional.
>
> Y en tercer y último lugar estarían “los actos, acuerdos, deliberaciones 
> y dictámenes de los organismos públicos”, es decir el resto de 
> actuaciones propias de las administraciones públicas a todos los 
> niveles. La dificultad de localizar estas actuaciones estriba en que 
> pueden tener alcance no general, que sólo afecten a determinadas 
> personas, por lo que puede negarse el acceso al expediente 
> administrativo en que se encuentre la información si no se acredita un 
> interés legítimo.
>
> Establecido lo anterior, hay que señalar que existen varias 
> disposiciones legales y/o actos administrativos en las que se incorporan 
> datos e informaciones cartográficas que podrían ser utilizables por el 
> proyecto y situaciones que en principio son contradictorias ya que 
> existen obras intelectuales que se incorporan a un expediente 
> administrativo pero que no por ello dejan de estar protegidas por la LPI.
> El criterio clave para discernir lo excluido y lo que no es si la obra 
> es o forma parte esencial de la expresión de la voluntad del organismo 
> público actuante y que esa voluntad tenga cierto alcance general, 
> siempre lógicamente que lo haga en ejercicio de las facultades atribuidas.
>
> Así por ejemplo instrumentos de planeamiento urbanístico, ya sean Planes 
> Generales o planes de desarrollo (Planes parciales, Especiales, etc.) 
> son elaborados en desarrollo de las normas sobre el territorio de las 
> Comunidades Autónomas, y como tales incorporan planos e informaciones 
> técnicas. El dichos instrumentos suponen la expresión de la voluntad, en 
> este caso del municipio, respecto del territorio y del urbanismo por lo 
> que entrarían en lo que dispone el artículo 13.
>
> Lo mismo puede predicarse de las carreteras o de las redes viales, que 
> son determinadas en los planes de carreteras aprobadas mediante ordenes 
> ministeriales y otras disposiciones reglamentarias, pudiendo ser 
> utilizados esos datos e informaciones al no estar dentro del ámbito de 
> aplicación de la LPI.
>
> Por contra dentro de un expediente administrativo que resuelve una 
> licencia de obras nos encontraremos con gran número de planos y 
> documentos técnicos que sin ningún tipo de dudas son objeto de propiedad 
> intelectual. Si bien habrá un acto administrativo que los apruebe o 
> deniegue a los efectos de que la obra pueda realizarse conforme al 
> proyecto, lo cierto es que su inclusión en el expediente responde 
> únicamente a la necesidad de cotejar que el proyecto presentado es 
> adecuado a las normas generales sobre edificación y urbanización. Es 
> decir en este caso los terceros someten al juicio de la administración 
> la valoración de unos datos, lo que finalmente resulta en un acto 
> administrativo que lo aprueba o deniega, pero los propios planos o 
> informaciones siguen estando protegidos porque como tales no forman 
> parte del acto administrativo. Son varias las resoluciones judiciales 
> que han condenado a arquitectos por copiar los edificios elaborados por 
> otros compañeros y levantarlos en municipios diferentes. (Un ejemplo 
> similar puede darse en el caso de los concursos literarios organizados 
> por las administraciones que como actos administrativos pueden ser 
> impugnados y el hecho de la obtención del premio no priva de derechos 
> sobre la obra al autor original de la misma, lo que se resolvería en una 
> impugnación sería la adecuación de la obra y de la puntuación obtenida 
> los criterios fijados en las bases del concurso).
>
> Puede plantearse el caso, por ejemplo, de la realización de una obra 
> municipal, por ejemplo un edificio, encargada a un arquitecto que 
> lógicamente como proyecto incorporará una serie de planos y 
> documentación técnica y que deberá pasar por diferentes órganos 
> municipales emitiendo cada uno de ellos el preceptivo acto 
> administrativo. Sin embargo es fácil ver que el hecho de tener esa 
> documentación en el expediente no habilita al ayuntamiento a edificar 
> una y otra vez el mismo edificio en diferentes emplazamientos. En este 
> caso el proyecto responde a la voluntad del órgano, pero su alcance es 
> limitado a su propia ejecución.
>
> Si extrapolamos el supuesto a las resoluciones judiciales, la 
> información contenida en ellos, en el caso de que el expediente judicial 
> se incluyan planos y otras informaciones no suelen formar parte del auto 
> o sentencia que resuelve el asunto pero su eventual inclusión no 
> determinaría la pérdida de derechos para el autor de la obra ya que la 
> misma sería a los efectos de concretar y clarificar la situación 
> fáctica, no siendo la expresión de la voluntad del juzgador, que sería 
> lo excluido por el artículo 13.
>
> Así, en el fondo habrá que buscar si la obra es la concreción de la 
> expresión, en sentido amplio, del órgano que actúa. En cuyo caso se 
> cumplirá el supuesto del artículo 13 y por lo tanto quedará excluido de 
> la LPI.
>
> Esta exclusión es importante puesto que permitirá que entren en juego 
> las previsiones de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre 
> reutilización de la información del sector público.
>
> Por lo que abre la vía para que siguiendo el procedimiento marcado en 
> esta norma se puedan solicitar datos e informaciones a los organismos 
> públicos que sean útiles al proyecto.
> -----------------------------------------------------------------------------------------------------
>
> Saludos,
>
> Pablo
>
>
>
>
>
>
> Iván Sánchez Ortega wrote:
>   
>> El Domingo, 5 de Octubre de 2008, Pablo Cascón Katchadourian escribió:
>>   
>>     
>>> Vuelvo a preguntar, ya os diré lo que responden. Tiene sentido desde
>>> luego, que si el PGOU se crea sin usar datos de terceras partes (aunque
>>> sea otra administración pública) entre dentro del artículo 13.
>>>     
>>>       
>> Este fin de semana he tenido la oportunidad de hablar con Javier de la Cueva, 
>> y su postura es clara: si sale publicado en el BOE, está cubierto por el art. 
>> 13.
>>
>> También me ha dicho que se apunta a las cervezas este día 15, así que supongo 
>> que podremos tratar un poco el tema.
>>
>>
>>   
>>     
>>> Aprovechando que se habla de temas legales, ¿qué fue del cambio de
>>> licencia? ¿se habló en el state of the map?
>>>     
>>>       
>> Lo último que sé es que el último borrador de la licencia está siendo revisado 
>> por un equipo de abogados en EEUU; en cuanto la revisión termine, la 
>> Fundación irá diciendo cómo se implantará.
>>
>>
>> Un saludo,
>>   
>>     
>
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